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LA JUNTA INCORPORA LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES A TRAVÉS DE MENSAJES SMS

El sistema alerta de incidencias, fechas de juicios y hasta de las órdenes de protección.

Avances tecnológicos aplicados a la Justicia. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla han estrenado un sistema pionero de notificaciones judiciales a través de mensajes de texto tipo SMS, mediante el cual los usuarios y las partes personadas en el proceso reciben comunicaciones oficiales en sus teléfonos móviles. La Consejería de Justicia e Interior de la Junta ha puesto en marcha el primer sistema de notificaciones judiciales de Andalucía a través de SMS y que permite avisar a las partes del señalamiento de un juicio, de la suspensión de un procedimiento o de cualquier otra incidencia.

En el caso de los asuntos relacionados con la violencia sobre la Mujer, donde se ha puesto en marcha de forma pionera esta experiencia, las notificaciones por SMS permiten informa de una manera más inmediata a las víctimas y al resto de las partes de cualquier acto procesal que pueda afectar a su seguridad, así como del alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas, la situación penitenciaria del condenado o imputado o las órdenes de protección de el juez haya podido acordar, según informaron ayer fuentes de la Consejería.

Para hacer efectiva esta aplicación de alertas y avisos por SMS es necesario que en el juzgado se recojan previamente los números de los teléfonos móviles de las partes en las primeras declaraciones o diligencias que se llevan a cabo en un procedimiento judicial.

Ya hay juzgados de Sevilla que, al margen de estos sistemas, en determinados procesos realizan las notificaciones a través de correo electrónico, previa recogida igualmente de las direcciones de los letrados personados en dichas actuaciones judiciales.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, explicó ayer a este periódico que el sistema de alertas se ha implantado inicialmente para los asuntos de Violencia sobre la Mujer, aunque "próximamente se va a extender a otros ámbitos de la Administración de Justicia en la provincia". Según el consejero, el objetivo de esta iniciativa, en la que colabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) es también "abaratar los costes de las notificaciones y su impulso forma parte de la generalización del uso de los nuevos sistemas informáticos y de comunicación electrónica" en la que su departamento trabaja para "avanzar en el proceso de modernización de la Administración de Justicia".

Esta nueva iniciativa se suma a otros proyectos tecnológicos imputados por la Junta como el sistema de comunicaciones seguras entre los juzgados y las cárceles, el sistema de comunicaciones judiciales vía Lexnet, el de interconexión y consultas de los juzgados en el ámbito penal (Eemat) o el programa para la gestión de documentos y archivos judiciales, concluyeron las mismas fuentes.

EL TRIBUNAL SUPREMO MULTA A UNA JUEZA QUE NO QUISO TOMAR DECLARACIÓN A DOS DETENIDOS EN DOMINGO

La jueza de Vigo María Sol L.M recibe una sanción de 1.100 euros por prolongar la privación de libertad de los arrestados a pesar de que estaba de guardia en ese día festivo
El CGPJ, que la multó en primera instancia, sostiene que "dejó de proteger la libertad de unas personas cuya costudia tenía encomendada"

El Supremo ha confirmado la multa de 1.100 euros que el Consejo del Poder Judicial impuso a la jueza de Vigo María Sol L.M., quien el domingo 4 de marzo de 2012 prolongó la privación de libertad de dos detenidos a quienes no quiso tomar declaración en ese día festivo en que ella estaba de guardia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó por una falta grave a la jueza porque, con su comportamiento, la magistrada "dejó de proteger la libertad de unas personas, privadas de ella, cuya custodia tenía encomendada".
En su resolución, el Supremo ha rechazado el recurso de la expedientada y confirmado este criterio del CGPJ.
Aquel domingo se estropearon los servicios informáticos en los juzgados de Vigo (funcionaban mal desde el sábado anterior) y jueces y fiscales no tenían acceso a los archivos policiales, citaciones y otras bases de datos, con lo que no resultaba posible la celebración de juicios rápidos.

 

Aún así, la magistrada ahora sancionada podía tomar declaración a los detenidos, y de hecho así lo hizo con un hombre que fue puesto en libertad en espera de juicio. Después de aquello, cuando frisaban las 12:00 horas del domingo, ordenó a la Comisaría de la ciudad que no le trajeran más arrestados.
Miguel Ángel M. estaba en la celda policial por hurto y José O. por robo con violencia, de modo que su abogada pidió entrevistarse con la jueza, quien le explicó que si la incidencia informática no se restablecía los detenidos no serían interrogados hasta el día siguiente y, por tanto, seguirían entre rejas.
Sin embargo, aunque poco más tarde el secretario comunicó a la jueza que la incidencia había sido reparada, la magistrada mantuvo su orden de que los detenidos fueran puestos a su disposición el lunes siguiente, como así sucedió.
El órgano disciplinario de los jueces recordaba en su expediente contra la magistrada que la jueza debió examinar la situación de los detenidos puestos a su disposición tan pronto como pudo, para decidir si debían o no seguir entre rejas.
La magistrada recurrió ante el Supremo rebatiendo este criterio y argumentando que atendió sus responsabilidades durante toda la mañana a pesar de los problemas informáticos, mientras que los retrasos en algunas de las tramitaciones que tenía a su cargo estuvieron justificados en los problemas técnicos.
"Nadie duda de que la recurrente, durante la mañana del domingo 4 de marzo de 2012, cumplió diligentemente sus funciones", responde el Supremo antes de concretar que "lo que fue objeto de sanción, precisamente", fue lo que hizo después.
"La detención ha de durar el tiempo mínimo imprescindible", recuerda el Supremo, cuyo criterio es que "las circunstancias que invoca la magistrada no justifican la errónea decisión que tomó, separándose claramente de la inmediata actuación que le era exigible y prolongando la situación de privación de libertad de dos detenidos".
Aún así, como ya hizo el CGPJ, el Supremo acepta que, teniendo en cuenta que la jornada fue difícil por los problemas tecnológicos, se califique como falta grave, penada únicamente con multa, lo que de otro modo podría haber constituido una falta muy grave que hubiera podido llevar aparejada una sanción de suspensión de empleo y sueldo.

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA ILEGAL MULTAR SIN PARAR E INFORMAR AL INFRACTOR

Una sentencia del Tribunal Supremo anula la normativa madrileña, establecida en 2010, que permite a los agentes urbanos a multar a los conductores sin necesidad de pararlos. La AEA, Automovilistas Europeos Asociados, denunció esta modificación de la ley. Ahora casi cuatro años después el Tribunal Supremo ha dictado sentencia, declarando su ilegalidad.
En el año 2010 entró en vigor una ordenanza municipal que permitía a los policías municipales de Madrid poder sancionar a los conductores sin la necesidad de informarles. Esto provocó las quejas de multitud de conductores y asociaciones. La AEA, denunció esta modificación de la ley, y ahora el Tribunal Supremo les ha dado la razón, declarando la ilegalidad de tal medida.
La modificación número 58 del artículo 99 permitía que los agentes de la Policía Municipal de Madrid pudieran expedir multas sin la necesidad de informar si estos se encontraban regulando el tráfico o sin los medios necesarios para perseguir al infractor.
Sin embargo ahora, después de años de litigo la AEA, Automovilistas Europeos Asociados, ha conseguido que el Tribunal Supremo desestime dicha normativa declarándola ilegal, solo siendo admisible en caso de que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. Asimismo asegura que la notificación en el acto es una garantía tanto para la administración como para el denunciado.
A partir de ahora los agentes deberán detener al infractor, siempre y cuando las condiciones y la seguridad del tráfico lo permitan. De no poder llevar a cabo esta acción deberán cumplimentar un texto reglamentario indicando, de forma muy precisa, la imposibilidad de acometer dicha acción.
La AEA ha declarado su conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo, ya que desde un primer momento consideraron que la medida era desproporcionada y completamente ilegal. Estiman que aproximadamente el 80% de las denuncias formuladas por los agentes locales, desde la entrada en vigor de la normativa, han sido realizadas de forma ilegal.
Asimismo dicha asociación solicitará en los próximos días a la Alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la revisión y cancelación de más de 600.000 denuncias, incluidas las que se encuentren en la Agencia Tributaria. Esta operación deberá incluir la devolución monetaria del importe de la multa, así como el reintegro de los puntos perdidos.
También se anima que cualquier afectado por dicha normativa solicite la retirada de la misma y la devolución del importe y de los preciados puntos. Todos aquellos infractores que hayan sido denunciados entre el 17 de diciembre de 2010 y el 8 de junio de este año podrán solicitar una revisión y posterior anulación de la multa.

Sin embargo, a pesar de expresar su alegría por el fallo del Tribunal, la AEA no oculta su decepción, ya que la última reforma de la Ley de Tráfico, que ya te contamos, incluye un artículo que coincide exactamente con la recientemente ilegalizada Ordenanza Municipal de Madrid.